Un asalto a la división de poderes

Vaya por delante que no soy un experto en derecho, tan sólo un aficionado a la política. Pero creo que hay hechos suficientemente evidentes en el último enfrentamiento respecto del TC como para poder analizarlo.

Empecemos. La Constitución marca que la renovación del TC se haga por consenso. Por lo que si no se llega al consenso se producirá un mal funcionamiento pero no una ilegalidad. Así que lo que procede, a mi modo de ver, es analizar las causas y, quizá, buscar soluciones.

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Los partidos del gobierno de Sánchez argumentan que no se llega al acuerdo porque el PP no quiere perder su mayoría, algo que puede tener su sentido político. Pero acompañan este argumento con la acusación de que al no colaborar el PP está incumpliendo la legalidad constitucional, dando un «golpe blando a la democracia»…

Palabras fuertes que no son reales, no es un golpe de estado el no llegar a un acuerdo. Y eso no explica por qué el gobierno no puede acercar posiciones al PP, tan solo critican que el PP no se acerque a las de ellos.

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El PP, por su parte, argumenta que no puede llegar a un acuerdo porque Sánchez no le genera la confianza necesaria. Temen que no se respetará ni siquiera una mínima independencia e imparcialidad. Y lo apoya en multitud de hechos:

  • la actuación coordinada del gobierno con golpistas y terroristas que no han rectificado,
  • indultos a golpistas y excarcelación de terroristas aun contrarios al Estado,
  • eliminación del delito de sedición,
  • la rebaja de penas a la malversación de dinero público si se utiliza para fines políticos partidistas,
  • las declaraciones explícitas de varios ministros (Iceta, Illa…) afirmando que en España hay varias naciones y de que habrá una consulta (ambas declaraciones en contra de lo que dice la Constitución y alineadas con el discurso de los golpistas y terroristas)
  • precedentes de nombramientos que ni siquiera respetan la apariencia de imparcialidad (CIS, Fiscal General…) y propuestas para el propio TC de personas actualmente subordinadas a Sánchez,
  • intento previo de modificar unilateralmente por ley las mayorías necesarias para la elección, para que sea suficiente una mayoría parlamentaria simple como la que actualmente sostiene al gobierno de Sánchez,
  • modificación de las reglas de funcionamiento del CGPJ para presionarle impidiéndole ejercer parte de sus funciones mientras no haya acuerdo,

Derivado de esta desconfianza, el PP requiere garantías para llegar al acuerdo:

  • que los candidatos no tengan ligazón con la política en los últimos años, algo que Sánchez no acepta e incluso propone a un ministro actualmente a sus órdenes,
  • que se inicie una modificación legal que dé en el futuro más voz a los jueces en la elección, a la manera que promueve la UE para apoyar la división y equilibrio de poderes preciso en una democracia.

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Ante este desacuerdo que impide la renovación y con clara voluntad de controlar el TC, el gobierno ha reaccionado intentando modificar de nuevo unilateralmente la ley, disminuyendo en la práctica el quorum necesario para realizar la realizar la renovación. Y parece que siente urgencia (tan solo le queda un año de mandato y pronto estaremos en campaña electoral) y es consciente de que la maniobra es muy cuestionable, ya que esta modificación de las reglas de juego no la está realizando siguiendo los procedimientos establecidos sino a través de atajos, introduciendo modificaciones tan esenciales como apartados añadidos a otras leyes.

El PP, aprovechando que esta modificación de las reglas de juego es más que cuestionable tanto en el fondo (modifica las mayorías que marca la Constitución) como en la forma (procedimiento no adecuado) la ha recurrido al propio TC, que se encuentra en una situación paradójica. O resuelve frenando ahora esta modificación de las reglas de juego o no podrá hacerlo nunca ya que la composición del propio TC variaría, quedando bajo control de quienes han realizado en cambio de reglas sospechoso de ser contrario a la Constitución.

El PSOE, ante el recurso del PP al TC, ha reaccionado con declaraciones ahora no sólo fuertes sino además muy graves. Tachando de golpe de estado el que el TC pueda frenar una iniciativa legislativa, por ser el Parlamento la representación de la voluntad popular. Una declaración idéntica a la utilizada por los golpistas nacionalistas en Cataluña, que niega un componente esencial de la democracia: la función de la ley y de la división de poderes. Es decir no critican una sentencia, algo que siempre puede ser criticable, sino el hecho mismo de que la Justicia pueda ejercer de contra-poder al Gobierno y su mayoría parlamentaria.

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Como vemos la situación es a la vez clara y grave. Un gobierno sospechoso por sus alianzas de apoyar posiciones contrarias a la estructura actual del Estado está realizando una maniobra que dejaría al Estado sin instituciones capaces de contrapesar su poder, al quedar todas ellas (salvo las autonómicas) subordinadas en la práctica al presidente.

Un asalto a la división de poderes de la mano de un gobierno aliado con partidos abiertamente contrarios a la actual estructura del Estado y que no respetan el predominio de la ley. Partidos que buscan la fragmentación de España a través de procedimientos antidemocráticos, como son las consultas ilegales, el adoctrinamiento obligatorio en colegios y medios públicos o la imposición de un idioma que al ser diferenciador sea utilizable como herramienta de adoctrinamiento.

Sinceramente, lo asombroso es que la Unión Europea, tan activa en otras ocasiones, guarde silencio ante actuaciones contrarias a los principios democráticos. Es la propia UE la que acabará quedando fuertemente cuestionada. Y con razón.

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