Limitar las capacidades impositiva y de concesión de nacionalidad

Sánchez es un presidente tan dañino que quizá acabe generando, por reacción, algún efecto beneficioso.

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Ha subido la carga fiscal por activa —nuevos impuestos y alzas de los existentes— y por pasiva, al no deflactar el IRPF.

Al mismo tiempo ha manejado el gasto de forma discrecional: recorta o tensiona servicios generales (sanidad, carreteras y vías, energía…), aumenta partidas más ideológicas (inmigración, donaciones a otros países, ONGs y medios de comunicación…) y las asociadas a redes clientelares y de colocación de afines. A lo que hay que añadir una sospecha creciente de corrupción.

El resultado es fácil de ver: el Estado se lleva más y devuelve menos de lo que promete. En eso recuerda al príncipe Juan de las historias de Robin Hood.

Por algo los sistemas socialistas acaban arrastrando a un empobrecimiento general.

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El otro cambio de escala está en la población y en el censo. Por inmigración, regularizaciones y concesiones de nacionalidad —incluida la ley de nietos— el Gobierno ha incorporado ya en torno a dos millones de nuevas ciudadanías o de personas que entran en el cálculo político del país, cerca de un 5% de la población.

Eso no es neutro, implica repartir nuestra riqueza (ayudas sociales…), genera tensiones en la convivencia, y modifica el censo electoral.

Hay quien lo ve, y yo entre ellos, como una agenda para erosionar el sentimiento nacional.

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La democracia no consiste en elegir gobernantes virtuosos. Consiste en impedir que los malos hagan demasiado daño.

Por eso conviene plantear dos límites constitucionales, solo superables con una mayoría cualificada —por ejemplo 3/5 de Congreso y Senado— y un referéndum, y con responsabilidad penal severa para quien los ignore:

• Límite impositivo del 40%. Entre IRPF, cotizaciones a cargo del trabajador, IVA estimado e impuestos especiales, el Estado no podrá recaudar más del 40% de la renta bruta de cada ciudadano. Tampoco podrá dejar de actualizar los tramos del IRPF a la inflación para introducir subidas encubiertas.

• Límite de concesión de nacionalidad del 1% de la población total por legislatura.

Son límites arbitrarios. Todos lo son. Pero el objetivo es importante: se trata de impedir que un mal gobierno, que siempre acaba apareciendo, haga un daño difícil de revertir.

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